Guatemala, 21 de enero de 2026 – Guatemala atraviesa una nueva escalada de violencia atribuida a la pandilla Barrio 18, señalada como responsable del motín simultáneo en tres centros penitenciarios y de una serie de ataques armados que dejaron al menos diez policías muertos y varios heridos el pasado fin de semana.
Según las primeras investigaciones, privados de libertad pertenecientes a Barrio 18 tomaron el control de tres cárceles del país y mantuvieron como rehenes a aproximadamente 50 personas, mientras que integrantes de la estructura criminal en libertad ejecutaron ataques coordinados contra fuerzas de seguridad en distintos puntos del territorio guatemalteco.
Tras recuperar el control de los recintos penitenciarios, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días, con el objetivo de restablecer el orden y frenar el accionar de las pandillas.
Las autoridades apuntan a que la ofensiva fue ordenada por Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, considerado el máximo líder de Barrio 18 en Guatemala, luego de que el gobierno se negara a conceder privilegios carcelarios y atender exigencias políticas del grupo criminal. Ochoa cumple una condena de 1.670 años de prisión por delitos como asesinato, secuestro y robo agravado.
Barrio 18 es actualmente la pandilla más numerosa del país, con unos 22.000 miembros, frente a los cerca de 10.000 integrantes de su principal rival, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), según datos del Ministerio de Gobernación. Ambas organizaciones se disputan el control territorial mediante actividades como el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas, delitos que han llevado a que sean catalogadas como organizaciones terroristas por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos.
La violencia de las maras incide directamente en las cifras de homicidios. En 2025, Guatemala registró 3.022 muertes violentas, un incremento del 5% respecto al año anterior, con cerca del 85% de los casos cometidos con armas de fuego. La extorsión continúa siendo el delito más extendido, con más de 1.200 denuncias mensuales, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor.
Expertos advierten que las cárceles se han convertido en centros de operaciones de las pandillas. De acuerdo con analistas, entre el 80% y el 90% de las llamadas extorsivas se realizan desde prisión, facilitadas por la corrupción dentro del sistema penitenciario, que permite el ingreso de teléfonos y otros dispositivos de comunicación.
La reciente ola de violencia volvió a evidenciar el poder de Barrio 18 y los desafíos estructurales que enfrenta el Estado guatemalteco para combatir a las pandillas, incluso dentro de centros de detención de máxima seguridad, donde los líderes continúan dirigiendo operaciones criminales.
