La Paz, 5 de marzo de 2026 — El Juzgado 12 de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer declaró en rebeldía a la exministra Nemesia Achacollo Tola, luego de que no se presentara a la audiencia de medidas cautelares programada para la mañana de este jueves dentro del proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La fiscal Rocío Feraudi informó que, ante la inasistencia injustificada de la exautoridad, la autoridad judicial determinó emitir el correspondiente mandamiento de aprehensión.

«Ante la inconcurrencia injustificada de la señora Nemesia Achacollo, la autoridad jurisdiccional ha determinado emitir la resolución que la declara en rebeldía y se expide el correspondiente mandamiento de aprehensión”, señaló la representante del Ministerio Público.

Asimismo, el juzgado dispuso su arraigo con el objetivo de evitar que la exministra abandone el país mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la fiscal, una vez que se ejecute el mandamiento de aprehensión, el Ministerio Público gestionará la activación de un sello rojo ante Interpol para localizar y capturar a Achacollo en caso de que se encuentre fuera del territorio nacional.

«Se va a solicitar conforme a procedimiento el sello rojo de Interpol una vez que se obtenga el mandamiento de aprehensión emitido por la autoridad judicial”, explicó Feraudi.

La Fiscalía también indicó que actualmente se desconoce el paradero de la exministra, por lo que se activarán los mecanismos legales correspondientes para su localización.

Durante la audiencia, la defensa de Achacollo se presentó ante el juzgado; sin embargo, no logró justificar la ausencia de su defendida, lo que motivó la declaratoria de rebeldía y las medidas legales dispuestas por la autoridad judicial.

El caso está relacionado con presuntos hechos de corrupción vinculados al denominado Fondo Indígena, ocurrido durante la gestión del expresidente Evo Morales, cuando Achacollo se desempeñaba como ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Según las investigaciones, se indaga el posible desvío de recursos públicos destinados a proyectos productivos para comunidades indígenas.