La ciudadanía cochabambina observa hoy con pavor, indignación y profundo malestar cómo el transporte público de la ciudad se ha convertido en un gigantesco aparato de propaganda política. Buses, micros, trufis y taxis circulan con propaganda en ventanas y parabrisas promoviendo la re-re-re-re-re elección del alcalde Manfred Reyes Villa. La imagen es tan evidente como preocupante: el autotransporte público devolviendo favores políticos mientras la población paga las consecuencias.
𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐌𝐏𝐋𝐎 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐘𝐄𝐒 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀
Para nadie es un secreto que el mal ejemplo salió de Cochabamba y terminó expandiéndose como una mala práctica en todo el país. Cuando el alcalde Reyes Villa decidió pactar bajo la mesa con sus amigos del transporte público, sellando un acuerdo que terminó asestando un duro golpe a la economía de los cochabambinos.
Mientras otras alcaldías del país -como las de La Paz y Santa Cruz- luchaban para que el incremento del pasaje no superara los 20 centavos, en Cochabamba el alcalde Manfred Reyes Villa, entregó la cabeza del pueblo a la guillotina del transporte y a partir de enero de 2025, mediante Ley Municipal Nº 1575/2024, promulgada por un Concejo Municipal complaciente, alcahuete y a pedido del «jefe de la cosa nostra», se eleva el pasaje del transporte público, de Bs 1,90 a Bs 2,50, un incremento brutal que cayó como un balde de agua fría sobre los bolsillos de la población.
𝐎𝐓𝐑𝐎𝐒 𝐄𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎𝐒
Lo más grave es que diversos estudios elaborados por profesionales independientes -ajenos a la alcaldía- coincidían en que el incremento del pasaje no debía superar el 15% para cubrir los costos operativos del transporte en la ciudad, que dicho sea de paso, utiliza gas natural vehicular, que es cuatro veces más barato que la gasolina y el diesel. Sin embargo, la alcaldía decidió imponer un aumento cercano al 35%, muy por encima de cualquier justificación técnica.
𝐑𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐃𝐀𝐍𝐎
El resultado fue inmediato: rechazo ciudadano, protestas y profundo malestar social. La población denunció no solo el incremento del costo de vida, sino también el incumplimiento sistemático de mejoras en el servicio por parte de los transportistas. Mientras el ciudadano paga más, el transporte sigue siendo el mismo: inseguro, saturado y desordenado.
Aunque la Alcaldía intentó justificar la medida hablando de un supuesto “consenso”, la ciudadanía percibió aquello como un lavado de manos del Ejecutivo Municipal, trasladando el peso del encarecimiento del combustible directamente al usuario.
𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐍𝐎 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐎́ 𝐀𝐇𝐈́
Tras la eliminación de la subvención a los combustibles en Bolivia en diciembre de 2025, los choferes volvieron a imponer un nuevo incremento abusivo y autoritario, esta vez sin ningún estudio técnico que lo respalde y con la permisividad del alcalde Reyes Villa. Lo irónico es que más del 90% del autotransporte en Cochabamba funciona con gas natural, un combustible significativamente más barato que la gasolina o el diésel.
Lo que en su momento se anunció como una tarifa “transitoria”, con el paso de los meses terminó consolidándose como permanente, sin que ninguna autoridad municipal asuma la responsabilidad de defender la economía del pueblo.
𝐋𝐎𝐒 𝐀𝐂𝐔𝐄𝐑𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐅𝐑𝐄𝐃
Detrás de esta situación existe además una relación política ampliamente conocida. El máximo dirigente del transporte federado, José Orellana, mantiene una larga cercanía política con el alcalde. Fue dirigente vecinal, concejal y diputado ligado a su estructura política, lo que muchos ciudadanos interpretan como la evidencia de un pacto de favores entre transportistas y el poder municipal, un acuerdo que termina castigando a la ya frágil economía de la población.
Las consecuencias ya se sienten en la vida cotidiana: protestas ciudadanas crecientes, división dentro del propio sector del transporte, y un incremento generalizado en el costo de productos debido al aumento de los fletes.
Hoy Cochabamba vive una situación que indigna y preocupa. La ciudadanía se pregunta si el transporte público está al servicio de la población o si se ha convertido en un instrumento político para retribuir favores y consolidar proyectos de poder.
Porque cuando los acuerdos se hacen a espaldas del pueblo, quien siempre termina pagando la factura es el ciudadano de a pie.
// Fuente: 𝑹𝒊𝒄𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑪𝒂𝒎𝒂𝒄𝒉𝒐 𝑷𝒂𝒄𝒉𝒆𝒄𝒐
