La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresaron este viernes su preocupación por las recientes decisiones judiciales que anularon procesos contra policías y militares sindicados en las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019 en Bolivia.
Ambos organismos advirtieron que las resoluciones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto, del Tribunal Primero de Sacaba y de la Sala Penal Tercera de La Paz podrían generar un escenario de impunidad, vulnerando el derecho de las víctimas a acceder a la justicia de forma pronta y adecuada. La Defensoría del Pueblo también manifestó inquietud ante el riesgo de revictimización.
La CIDH y ONU recordaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y otros informes internacionales documentaron graves violaciones a los derechos humanos en esos hechos, que dejaron al menos 20 fallecidos y decenas de heridos. Reiteraron que el Estado boliviano tiene la obligación de garantizar investigaciones independientes, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas.
En ese marco, instaron a las instituciones judiciales de Bolivia a adoptar medidas que eviten demoras procesales y retrocesos en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, advirtiendo que la búsqueda de justicia en Senkata y Sacaba sigue siendo una deuda pendiente con las víctimas y sus familias.