La Paz, 12 de abril de 2026.— El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, afirmó que la Ley 157 no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y atribuyó las recientes movilizaciones indígenas a un proceso de desinformación sobre el alcance de la norma.
La autoridad explicó que la ley autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a recategorizar predios de pequeña a mediana propiedad, pero aclaró que esta disposición está dirigida exclusivamente a propiedades privadas de pequeños productores. En ese sentido, enfatizó que las tierras comunitarias cuentan con protección constitucional y no están contempladas dentro de esta normativa.
Justiniano detalló que la ley se originó en el Senado y fue posteriormente revisada en la Cámara de Diputados, donde —según indicó— se evaluó su constitucionalidad antes de su aprobación en la Asamblea Legislativa. Añadió que esta medida responde a una demanda histórica de más de 15 años por parte de productores agrícolas, ganaderos y agropecuarios, quienes enfrentaban dificultades para acceder a créditos y mejorar su productividad.
Asimismo, recordó que esta problemática fue planteada durante la campaña electoral a distintos candidatos, por lo que su promulgación por el presidente Rodrigo Paz responde, según dijo, a una necesidad del sector productivo y no a una decisión arbitraria.
En relación a las protestas, como la marcha iniciada desde Pando y el anuncio de otra movilización desde Beni, además de un cabildo en El Alto, el ministro sostuvo que estas acciones están motivadas por interpretaciones erróneas del contenido de la ley. En ese marco, anunció que el Gobierno iniciará una campaña informativa para contrarrestar la “distorsión” que —según señaló— se está difundiendo rápidamente.
Finalmente, Justiniano cuestionó a algunas organizaciones por impulsar narrativas que, a su juicio, desconocen los procesos de diálogo previos y reiteró que la normativa respeta plenamente los derechos de las comunidades indígenas establecidos en la Constitución Política del Estado.
