La Paz, 09 de octubre de 2025.- La política boliviana enfrenta una crisis de legitimidad a días de la segunda vuelta presidencial. Mensajes racistas y de desprecio hacia comunidades indígenas, difundidos por candidatos y dirigentes de Alianza Libre, han generado indignación nacional. Frases como “¡A los collas hay que matarlos a todos!” y ataques contra la wiphala evidencian un patrón de exclusión que no puede ser subsanado con simples disculpas privadas. La sociedad exige rectificación pública y responsabilidad real de quienes aspiran a representar al país.
Paralelamente, los planes de algunos liderazgos apuntan a restablecer relaciones con potencias extranjeras y abrir mercados para capitales internacionales, en un contexto donde los recursos estratégicos del país, como litio y tierras raras, podrían quedar expuestos a intereses foráneos. Expertos y analistas advierten que esta combinación de agendas externas con discursos internos discriminatorios podría debilitar la cohesión social y la soberanía nacional.
El debate trasciende la retórica electoral y plantea la necesidad de políticas concretas de protección de recursos, participación de pueblos originarios en la toma de decisiones y transparencia en cualquier negociación internacional. La política no es solo gestión técnica; es reflejo del imaginario colectivo. La forma en que se aborde el racismo y la protección de la soberanía determinará si Bolivia avanzará hacia la inclusión o retrocederá en derechos y justicia social.
La democracia boliviana se enfrenta a un desafío histórico: exigir coherencia entre palabra y acción. Mientras los candidatos se disputan el poder, la ciudadanía observa y exige que la representación no se sostenga en desprecio, sino en respeto, soberanía y defensa de los bienes comunes. La elección de quién liderará el país será también la elección del modelo de Bolivia que queremos legar a las futuras generaciones.
Martín Moreira