Lima, 17 de febrero de 2026. — Perú atraviesa una nueva crisis política tras la destitución del presidente José Jerí, quien fue censurado por el Congreso a poco más de cuatro meses de haber asumido el cargo. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó la medida en un Pleno Extraordinario realizado en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión.
La decisión se produce en medio de una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias vinculada al denominado “Chifagate”, caso que precipitó la caída del mandatario. Con esta salida, el país suma su séptimo presidente en apenas diez años, reflejando la persistente inestabilidad institucional.
El “Chifagate” y las investigaciones en cursoEl escándalo estalló tras revelarse reuniones no registradas entre el entonces jefe de Estado y empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. Las imágenes difundidas en medios, que muestran a Jerí ingresando encapuchado a un restaurante en el distrito limeño de San Borja, generaron fuertes cuestionamientos públicos y políticos.
Yang ha sido vinculado a millonarios contratos estatales y señalado como presunto operador del llamado “Club de la Construcción chino”. A raíz de estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar por la modalidad de las contrataciones y los presuntos vínculos personales detrás de diversos contratos estatales.
Paralelamente, la Contraloría General de la República solicitó documentación relacionada con contrataciones realizadas mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), mecanismo reservado para perfiles de alta especialización, pero que en este caso habría beneficiado a personas sin experiencia en la administración pública.
Si bien la investidura presidencial impedía incluir directamente a Jerí en la investigación durante su mandato, el despacho del Fiscal de la Nación no descartó su eventual incorporación tras la pérdida del cargo.
Desplome en la aprobación y presión políticaLa desaprobación del mandatario se incrementó de manera acelerada en el último mes. Según encuestas de Ipsos e Imasen, el rechazo ciudadano alcanzó el 61% y el 70,4%, respectivamente. Además, un 78% de los encuestados por Ipsos consideró que existían indicios de corrupción en su comportamiento.
A los cuestionamientos por presunto tráfico de influencias se sumaron reportajes sobre reuniones privadas con congresistas y ministros, así como la presunta contratación de allegadas en el Estado. La difusión de imágenes y mensajes en redes sociales profundizó la percepción de falta de transparencia y debilitó aún más su posición política.
Sucesión presidencialLa destitución activa el mecanismo constitucional de sucesión. Conforme al procedimiento parlamentario, el Pleno del Congreso deberá elegir a un nuevo presidente del Legislativo, quien asumirá la jefatura del Estado de manera interina hasta la transmisión de mando prevista para el 28 de julio.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que la elección del nuevo titular del Parlamento —quien asumirá también la Presidencia de la República de forma provisional— se realizará el miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.
La comunidad política y empresarial permanece atenta a la evolución de los acontecimientos en un contexto preelectoral marcado por la incertidumbre y la volatilidad institucional.
