La Paz, 2 de abril de 2026 – El Gobierno nacional aprobó un nuevo marco normativo que permite el ajuste de precios en contratos de obras públicas, con el objetivo de asegurar la continuidad, calidad y ejecución de proyectos de inversión en todo el país.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5597, que autoriza de manera excepcional la actualización de costos en materiales de construcción, maquinaria y equipo, en respuesta al incremento de precios registrado en los últimos meses, especialmente en insumos importados.

Según la normativa, los ajustes se aplicarán a través de contratos modificatorios que podrán suscribirse por única vez hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta disposición alcanza a obras de nivel nacional, departamental y municipal, incluyendo contratos bajo la modalidad “llave en mano”.

El decreto también contempla la posibilidad de ajustar los costos relacionados con el diésel, en función de su precio actual, tras la eliminación de la subvención estatal. Estas modificaciones estarán sujetas a la disponibilidad financiera de las entidades públicas y deberán contar con respaldo técnico, legal y financiero.

La decisión responde a las demandas del sector de la construcción, que advirtió sobre el impacto del encarecimiento del dólar y de los insumos en la ejecución de proyectos estatales. En semanas recientes, distintas empresas constructoras protagonizaron movilizaciones solicitando la actualización de presupuestos.

Como parte de las disposiciones, el Gobierno incluyó una cláusula que permite la rescisión de contratos en caso de que no se logre un acuerdo sobre los ajustes. En estos casos, la normativa establece que la terminación podrá justificarse bajo la figura de “caso fortuito”, siempre que exista consenso entre la entidad contratante y la empresa ejecutora.

Con esta medida, el Ejecutivo busca evitar la paralización de obras públicas y garantizar que los proyectos en marcha puedan concluirse sin comprometer su calidad ni generar mayores perjuicios económicos.