La Paz, 28 de abril de 2026 – Tras la reciente aprehensión de Roger Edwin Rojas Ulo, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), surgen cuestionamientos sobre la situación de los beneficios económicos que percibe como exautoridad, incluyendo su pensión.
Rojas Ulo fue detenido por orden del Ministerio Público en el marco de una investigación por presunto daño económico al Estado, estimado en 124 millones de dólares, relacionado con siete transacciones irregulares en la compra de bonos durante su gestión.
Especialistas en derecho administrativo señalan que, si bien los exfuncionarios públicos tienen derecho a beneficios como jubilaciones o pensiones, estos podrían ser revisados o incluso suspendidos en caso de comprobarse responsabilidades penales vinculadas a daño económico al Estado.
En Bolivia, la normativa establece que los servidores públicos deben responder por actos que afecten los recursos estatales, lo que abre la posibilidad de procesos civiles paralelos para la recuperación de fondos y eventuales sanciones económicas.
Actualmente, Rojas Ulo permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si enfrentará el proceso en libertad o con detención preventiva.
El caso ha generado debate público sobre la responsabilidad de las altas autoridades económicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en entidades estratégicas como el Banco Central de Bolivia.
