Bolivia, 3 de mayo de 2026 – La Central Obrera Boliviana (COB) enfrenta un escenario adverso tras el rechazo de importantes sectores sociales y productivos a su convocatoria de paro general indefinido con bloqueos, lo que debilita el alcance de la medida anunciada tras el cabildo del 1 de mayo en El Alto.
Dirigentes de los gremialistas y del transporte pesado expresaron su desacuerdo con la protesta, argumentando que afecta directamente a quienes dependen del trabajo diario para subsistir. El secretario ejecutivo de los trabajadores gremiales, César Gonzales, señaló que las movilizaciones “castigan al trabajador”, especialmente a comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores que no cuentan con ingresos fijos ni beneficios laborales.
Según este sector, más del 85% de la población económicamente activa en Bolivia se dedica a actividades independientes, por lo que una paralización nacional tendría un impacto negativo inmediato en miles de familias. Gonzales también cuestionó a la dirigencia de la COB, acusándola de estar alejada de la realidad de la mayoría trabajadora y de responder a intereses políticos.
En la misma línea, representantes del transporte pesado, particularmente desde Santa Cruz, advirtieron que los bloqueos podrían poner en riesgo la cosecha de soya, considerada clave para la economía del país. El dirigente Juan Yujra afirmó que no permitirán medidas que afecten la logística de alimentos ni la seguridad alimentaria.
Ambos sectores coincidieron en que Bolivia necesita estabilidad para sostener la producción y generar ingresos, en lugar de medidas de presión que incrementen la incertidumbre económica. “Bolivia no se levanta bloqueando, se levanta trabajando”, enfatizó Gonzales.
Pese a estas críticas, la COB ratificó su convocatoria al paro indefinido. Su ejecutivo, Mario Argollo, indicó que la medida busca presionar al Gobierno para atender demandas relacionadas con el incremento del costo de la canasta familiar, el desempleo y problemas en el suministro de combustibles.
El distanciamiento de sectores clave como gremialistas y transportistas evidencia una fractura en el respaldo a la medida, lo que podría limitar su impacto y alcance a nivel nacional.
