La Paz, 8 de mayo de 2026.- El Gobierno nacional afirmó este viernes que el expresidente Evo Morales estaría detrás de las movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país, y anunció investigaciones para identificar a los responsables, el financiamiento y los posibles delitos vinculados a estas protestas.
Durante una conferencia de prensa, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, señaló que las medidas de presión dejaron de responder únicamente a demandas sectoriales y tendrían un componente político orientado a desestabilizar la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La autoridad informó que el Ejecutivo trabajará en tres líneas de acción: la identificación de delitos cometidos durante los bloqueos, la investigación de recursos económicos presuntamente ilícitos utilizados para financiar las movilizaciones y la individualización de los actores involucrados.
“Vamos a identificar delitos, porque se están cometiendo algunos delitos y la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que trabajar”, afirmó Paredes, quien además aseguró que existen indicios de financiamiento irregular en algunas protestas.
En ese contexto, el Gobierno presentó audios atribuidos a Evo Morales, obtenidos —según la versión oficial— por equipos de inteligencia. De acuerdo con Paredes, en las grabaciones se escucharía al exmandatario instruyendo la organización de bloqueos y cercos en diferentes puntos del país.
«Estos audios muestran instrucciones precisas para movilizar sectores sociales con el objetivo de generar desestabilización”, sostuvo la autoridad.
Las declaraciones gubernamentales se producen en medio de un clima de conflictividad social marcado por bloqueos de carreteras, protestas de sectores mineros y cuestionamientos empresariales sobre el impacto económico de las medidas de presión.
La Cámara Nacional de Comercio estimó que los bloqueos generan pérdidas de aproximadamente 50 millones de dólares diarios, afectando el transporte, la producción y el abastecimiento de productos en diferentes regiones del país.
Entretanto, distintos sectores sociales y productivos mantienen demandas relacionadas con el abastecimiento de combustibles, estabilidad económica y modificaciones legislativas vinculadas a la Ley 1720 de conversión de tierras.
El Gobierno no descartó iniciar procesos judiciales contra quienes resulten responsables de promover actos considerados ilegales durante las movilizaciones.
