Santa Cruz, 9 de mayo de 2026 – Una nueva denuncia por presunto avasallamiento de tierras volvió a generar polémica en Santa Cruz, luego de que se conociera un memorial presentado ante el Senado, el Ministerio de Gobierno y otras instancias de control, en el que se acusa a la Policía Boliviana de ocupar ilegalmente un predio privado durante más de dos décadas.
De acuerdo con la denuncia, la unidad policial UPAR-DELTA habría tomado posesión de aproximadamente 26.000 metros cuadrados del predio denominado “Villa Praga”, ubicado entre el tercer y cuarto anillo de la capital cruceña, para instalar una unidad de Policía Montada.
La propietaria del terreno, Teresa Triviño Bazán, de 72 años, sostiene que cuenta con resoluciones judiciales y peritajes técnicos que reconocen su derecho propietario y ordenan la restitución del inmueble. Sin embargo, asegura que dichas determinaciones no fueron cumplidas.
Según la documentación presentada, en 2018 la Policía suscribió un convenio con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), mediante el programa estatal “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, para ejecutar el proyecto “Centro Deportivo Policial del Departamento de Santa Cruz”, con una inversión prevista de 8 millones de bolivianos.
No obstante, una investigación de la Unidad de Transparencia del Ministerio de la Presidencia concluyó que la institución policial no contaba con derecho propietario saneado sobre el terreno. Posteriormente, la UPRE resolvió cancelar el convenio y paralizar el financiamiento del proyecto, luego de haberse ejecutado cerca de 2 millones de bolivianos.
La denuncia también señala presuntas irregularidades documentales. Informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) habrían determinado que los títulos agrarios utilizados para respaldar la propiedad policial no correspondían al predio en disputa.
Según el informe técnico citado, algunos documentos pertenecían a terrenos ubicados en Chuquisaca y Cochabamba, mientras que no existiría registro oficial del predio “El Algarrobal” en La Guardia, Santa Cruz, ni títulos emitidos a nombre del supuesto propietario original mencionado en los trámites.
Con base en estas observaciones, la Alcaldía cruceña habría rechazado la inscripción topográfica solicitada por la Policía.
El memorial menciona a varios jefes policiales y asesores jurídicos presuntamente vinculados al caso, entre ellos autoridades del comando nacional y departamental de la Policía Boliviana.
La denunciante afirma que, pese a más de 25 años de litigios, aún no puede ejercer plenamente la posesión de su propiedad y pide que las instituciones competentes investiguen las presuntas irregularidades y garanticen el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El caso reaviva el debate sobre los avasallamientos y conflictos de tierras en Santa Cruz, un departamento donde en los últimos años se registraron múltiples disputas por ocupaciones ilegales, tanto en áreas rurales como urbanas.
Sectores cívicos, propietarios y juristas han advertido reiteradamente sobre la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y evitar que los conflictos de tierras deriven en procesos prolongados o hechos de violencia.
