Bolivia 14 de mayo de 2026 – El Gobierno boliviano confirmó el retorno de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) al país, luego de casi 18 años de ausencia, aunque con funciones limitadas exclusivamente al intercambio de inteligencia criminal y fortalecimiento institucional.
El anuncio fue realizado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Justiniano, durante una visita oficial a Washington, donde sostuvo reuniones con representantes de la DEA junto al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), Frans Cabrera.
Según explicó la autoridad, la presencia de la DEA en Bolivia estará restringida a una oficina en la ciudad de La Paz y no incluirá operativos conjuntos antidrogas ni participación directa en acciones policiales en zonas consideradas sensibles, como el Chapare cochabambino.
“No hay operativos conjuntos con otros agregados policiales o con otras instancias. Y con la DEA no va a ser la excepción”, afirmó Justiniano, al aclarar el alcance de la cooperación bilateral.
El viceministro precisó que inicialmente llegarán dos representantes de la agencia estadounidense, cuya labor estará enfocada principalmente en el intercambio de información e inteligencia criminal.
Asimismo, rechazó versiones que señalaban la presencia física de agentes de la DEA en el Chapare, región considerada estratégica por la producción de hoja de coca y donde también operan redes vinculadas al narcotráfico.
El Gobierno destacó que este acercamiento permitirá a Bolivia acceder a mecanismos regionales más ágiles para el intercambio de información criminal y fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
Justiniano recordó además que Bolivia mantiene coordinación con agencias y agregados policiales de otros países como Brasil, Paraguay, Argentina y España.
El retorno de la DEA ocurre seis meses después de la posesión del presidente Rodrigo Paz, cuya administración había anticipado la reactivación de relaciones de cooperación con Estados Unidos en materia antidrogas.
La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008 por decisión del entonces presidente Evo Morales, quien acusó a la agencia y al exembajador estadounidense Philip Goldberg de supuesta injerencia y conspiración política.
Durante la reunión en Washington también se abordó el caso del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, acusado de lavado de dinero vinculado al narcotráfico y recientemente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos que podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión.
